PAZ Y CANNABIS

Esta historia comienza a finales de la década de 1930 cuando la legislatura colombiana, influenciada por los Estados Unidos, prohibió el consumo y cultivo del cannabis en todo el territorio nacional. La prohibición trató de socavar un mercado que apenas crecía y que principalmente atendía a comunidades originarias y de bajos ingresos. Sin embargo, a mediados del siglo XX las políticas prohibicionistas y la atención de los EE. UU. en detener la entrada de cannabis desde México, iniciaron la bonanza marimbera. Este fue el nombre que recibió el periodo en el cual Colombia, en especial la costa caribe, se convirtió en  un proveedor principal de cannabis para el mercado estadounidense, llegando a su cúspide en la década de 1960. 

Durante la segunda mitad del siglo XX las mafias hicieron la transición hacia la cocaína, un producto de mucho mayor valor y facilidad de transporte. En 1970 Colombia ya era el mayor exportador de cocaína del mundo, hecho que le abrió la puerta del país a la lucha contra las drogas de Estados Unidos. Desde ese entonces, Colombia ha visto 50 años de violencia incesante, donde el mayor combustible han sido los narcóticos. 

Con mucha ilusión vimos como en el 2016 el Gobierno Nacional firmó el acuerdo de paz con las FARC, la guerrilla más vieja del mundo. Sin embargo, la paz es costosa y debe ser financiada para generar las condiciones acordadas entre los involucrados. Para darles una idea, Colombia necesita invertir aproximadamente $15 billones de pesos solo en la reubicación, reintegración y protección de los excombatientes. Eso no incluye todo el trabajo que se necesita para educar, promover y cerrar las brechas de oportunidades que existen entre las regiones más vulnerables y las zonas urbanas del país, además de muchos otros elementos que necesitamos para la paz. 

Considerando lo anterior, creemos que la industria del cannabis está llamada a ser quien financie la paz del país. Esta convicción se debe a dos razones muy distintas pero igual de importantes. Por un lado, la guerra contra las drogas fue un factor determinante en el recrudecimiento de la violencia. Lo más lógico es que aquello que una vez victimizó a miles de personas, y que ahora es legal, tiene que financiar las reparaciones a las comunidades más afectadas por la guerra contra las drogas. Por otro lado, estudios han estimado que el mercado del cannabis en Colombia puede generar una media de 26,500 puestos de trabajo para 2030, representa un recaudo de impuesto a mediano plazo de $10.5 billones de pesos y las exportaciones, en un momento maduro de la industria, podrían representar unos $63 billones de pesos. La industria del cannabis podría emplear a los más o menos 15,000 excombatientes que tiene el país y financiar gran parte de las condiciones mínimas que requieren las comunidades para su reintegración a la vida civil. 

Es importante reconocer que las leyes y los impactos de la guerra contra las drogas han sido burdamente desiguales. Aunque hoy en día es legal llevar 20 gramos como dosis personal, cultivar hasta 19  plantas y los empresarios como nosotros pueden solicitar una licencia médica de cultivo y distribución, las comunidades más vulnerables siguen siendo objeto de persecución y estigma por cultivar cannabis. Ahora que la legalización medicinal le ha brindado a Colombia la oportunidad de establecerse como uno de los mayores productores legales de cannabis del mundo, el país debe asumir la responsabilidad de reinvertir esos recursos en reparar el daño que la guerra ha causado. Para ello, no solo es necesario asegurar que los recursos recaudados estén destinados a las comunidades más afectadas, sino que también se generen condiciones habilitantes para que dichas comunidades puedan participar como empresarios en el mercado. 

En conclusión, Colombia tiene que reevaluar como ha planteado sus leyes y reconocer que el cannabis es una herramienta de financiación para la paz, un vehículo de progreso para las comunidades y una oportunidad de consolidarse como un referente mundial en procesos de restitución y reintegración social. En BOTÁNICA, estamos trabajando continuamente con emprendimientos en zonas de conflicto y contribuimos a organizaciones sociales para asegurar que nuestro producto aporte a nuestra comunidad y ayude a cerrar las brechas sociales.

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